La Ratepayer Protection Act superó un hito importante el 16 de septiembre, con 417 votos a favor y solo tres en contra. La medida exigiría que los campus de centros de datos medianos y grandes, con una demanda máxima de 100 MW o más, cubran el coste de las mejoras de la red eléctrica.
Esos costes podrían incluir nueva capacidad de generación eléctrica, además de infraestructura de transmisión y distribución. Según las reglas propuestas, los operadores tendrían que pagar incluso si abandonan un proyecto o dejan de comprar electricidad a la red.
La medida no se aplicaría automáticamente en todo el país. Los reguladores estatales tendrían que estudiar la adopción local de las reglas, por lo que el impacto podría variar según la región.
Craig Hale, de TechRadar, informó de que la votación refleja el creciente escrutinio político sobre los centros de datos, mientras los ciudadanos de US expresan preocupación por las facturas de electricidad antes de las elecciones de mitad de mandato. La propuesta llega después del compromiso voluntario Ratepayer Protection Pledge de la White House, por el que President Trump instó a los grandes hyperscalers a “construir, traer o comprar” la electricidad y los recursos de generación que necesitan.
A diferencia del compromiso, el proyecto de ley crearía una obligación legal. Public Citizen ha criticado que no aborde otros impactos sobre consumidores y comunidades. Tyson Slocum, director de Energy Program, formuló esa crítica en comentarios citados a través de Reuters.
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