La soberanía tecnológica depende del control, no de la geografía

En un artículo de TechRadar, John Harms sostiene que la soberanía tecnológica depende menos de dónde se encuentren los sistemas o los proveedores que del control operativo que conserve una organización.

Para los gobiernos, ese control incluye saber cómo funcionan los sistemas, cómo se toman las decisiones, dónde se almacenan los datos y cómo puede adaptarse la tecnología cuando cambian las circunstancias. Los acontecimientos geopolíticos, los requisitos regulatorios, los cambios de proveedores, los incidentes cibernéticos y los fallos tecnológicos pueden presionar a las infraestructuras críticas. Por eso, la resiliencia y la rendición de cuentas son elementos centrales de la soberanía.

Harms también sostiene que el acceso a conocimientos especializados y proveedores tecnológicos de todo el mundo puede mejorar los servicios públicos, siempre que los gobiernos mantengan el control de sus sistemas y datos. En el debate sobre la soberanía de la IA, identifica la calidad, la accesibilidad y la gobernanza de los datos como fundamentos esenciales. Los datos del sector público suelen estar repartidos entre departamentos, plataformas heredadas y distintos entornos tecnológicos. Aplicaciones como la detección del fraude, la atención sanitaria, la fiscalidad y las prestaciones públicas dependen de información fiable.

La interoperabilidad, los estándares abiertos, los datos portables y la diversidad de proveedores pueden conservar la capacidad de elección y facilitar futuras transiciones tecnológicas. A medida que la IA respalda decisiones más complejas, la transparencia, la explicabilidad, la auditabilidad y la supervisión humana son cada vez más importantes. Los gobiernos pueden colaborar con organizaciones privadas, pero la responsabilidad pública sigue correspondiendo al gobierno. Por ello, las adquisiciones deben considerar el control de los datos, la transparencia y la flexibilidad a largo plazo, además de la funcionalidad y el coste.