Defensores de los derechos digitales instan a la Unión Europea a intervenir contra el Bill C-22 de Canadá, también conocido como Lawful Access Act. Afirman que la propuesta podría obligar a las empresas tecnológicas a crear capacidades de vigilancia que permitirían a las autoridades acceder a información digital durante investigaciones.
Access Now y una coalición de organizaciones europeas de la sociedad civil han publicado una carta abierta dirigida a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y a otros responsables de la UE. Los grupos advierten de que las obligaciones de retención de datos y vigilancia del Bill C-22 podrían comprometer la privacidad de personas de todo el mundo.
La coalición afirma que la ley podría afectar a empresas europeas cuyas plataformas se utilicen en Canadá, incluidos proveedores sin usuarios canadienses si pertenecen a grupos empresariales con actividad en el país. También advierte de que las autoridades canadienses podrían ordenar en secreto a una empresa europea que debilitara la seguridad de productos utilizados en toda la UE.
Namrata Maheshwari, de Access Now, afirmó que la propuesta podría normalizar poderes de vigilancia excesivos. Los grupos sostienen que debilitar el cifrado para un objetivo crearía vulnerabilidades en sistemas completos.
Google también ha advertido de que la ley podría socavar el cifrado de extremo a extremo. Empresas como Signal, Apple, Windscribe, ExpressVPN, NordVPN y ProtonVPN se han opuesto a la propuesta. El Senado canadiense podría concluir el estudio del Bill C-22 como pronto en octubre de 2026.
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