Las respuestas a la propuesta de la Comisión Europea de una Ley de Desarrollo de la Nube y la IA (Cloud and AI Development Act, CADA) respaldan en general el objetivo de ampliar la capacidad europea en nube e IA, pero discrepan sobre cómo funcionarían las normas. Techtidningen revisó 55 documentos de respuestas a la consulta publicados en el sitio web del Gobierno sueco. El plazo de consulta en Suecia terminó el 2 de octubre.
La propuesta busca facilitar la instalación de centros de datos, apoyar el desarrollo de IA e introducir nuevos requisitos para la contratación pública. También establece cuatro niveles de confianza para los servicios en la nube, basados, entre otros factores, en quién controla el servicio, dónde se encuentran sus datos e infraestructura y cómo se protege frente a riesgos vinculados a países de fuera de la UE.
El proveedor sueco Elastx respalda la propuesta en términos generales y sostiene que la propiedad y el control deben ser criterios centrales. La Junta Nacional de Comercio de Suecia, Kommerskollegium, apoya el aumento de la capacidad y la reducción de dependencias, pero rechaza el marco de soberanía y los criterios geográficos en su forma actual. A su juicio, la Comisión no ha demostrado suficientemente por qué son necesarios esos requisitos.
La Agencia Nacional Sueca de Contratación Pública se opone a obligar a los compradores públicos a favorecer opciones europeas y advierte de precios más altos y menor calidad. La propuesta contempla excepciones, por ejemplo, cuando no haya servicios en la nube reconocidos adecuados o el coste resulte desproporcionado. No es una prohibición general de los proveedores de fuera de la UE.
Según la disposición Article 29.6, un cambio exigido tras una evaluación de riesgos deberá realizarse en un periodo de transición razonable de un máximo de 12 meses. La Administración de Aduanas de Suecia señala que quizá no haya tiempo suficiente para la contratación, los cambios técnicos, la transferencia de datos, las evaluaciones de seguridad y la puesta en marcha. Pide permitir transiciones más largas en casos justificados. Otras respuestas expresan preocupación por los costes de migración, los contratos vigentes, la continuidad operativa y el margen de actuación en materia de seguridad nacional.
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